La Federación Alemana de Defensa del Consumidor presentó una demanda colectiva contra la automotriz Daimler, específicamente hacia modelos de la marca Mercedes-Benz, como mayor responsable debido al escándalo denominado «Dieselgate». La Entidad acusa al grupo Daimler de manipular de manera deliberada los valores de los gases de escape de determinados vehículos, pidiendo compensaciones por ello.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Regional Superior de Stuttgart, ciudad alemana en la que el fabricante tiene su sede, de acuerdo a información de la agencia de noticias DPA.
Anteriormente, la Oficina Federal de Vehículos Motorizados (KBA), entidad alemana encargada del otorgamiento de licencias de vehículos, determinó que cientos de miles de vehículos diésel Mercedes-Benz empleaban una tecnología de escape no permitida.
Piden indemnización a Mercedes-Benz por el Dieselgate
El fabricante tuvo que llamar a revisión a un gran número de vehículos pero, sin embargo, de acuerdo con la entidad de defensa al consumidor, “Daimler AG niega hasta el día de hoy haber manipulado deliberadamente las emisiones de escape de sus vehículos».
La demanda busca una mayor clarificación al respecto, y averiguar si se trató o no de una acción intencional. En 2018, la misma organización presentó una demanda similar contra Volkswagen, con la cual llegó a un acuerdo de indemnización, que fue aceptado por unos 245.000 clientes.
En aquella ocasión, Volkswagen les pagó a los consumidores entre 1.350 y 6.250 Euros según la antigüedad y el tipo de vehículo que poseía cada cliente.
¿Qué es el «Dieselgate»?
El denominado «Dieselgate» o «escándalo del diésel» surgió en 2015 cuando salió a la luz que, mediante la instalación ilegal de software en cada auto, eran engañados los sistemas de normativas contaminantes por entonces vigentes. Esto hacía que en condiciones reales de uso, los automóviles superaban, en ocasiones, hasta 40 veces los límites de emisión.
Las acciones judiciales se llevaron a cabo en varios países, pero hasta el momento, Alemania fue el único país europeo donde los dueños de vehículos recibieron algún tipo de indemnización. Durante este año, el escándalo comenzó a impactar a otras automotrices, incluyendo a Renault y Stellantis (propietaria de Peugeot y Citroën) que fueron imputadas en Francia por la venta de vehículos diesel Euro5 “cuyos motores funcionaban según estrategias fraudulentas”.